¿Querías ir a estudiar a Harvard? El presidente de Estados Unidos recrudeció el conflicto contra la escuela privada más exclusiva del mundo
Redacción
La administración del presidente Donald Trump revocó la certificación de Harvard en el Programa de Estudiantes y Visitantes de Intercambio (SEVP), prohibiendo a la universidad inscribir estudiantes internacionales a partir del ciclo escolar 2025-2026.
La decisión, anunciada por la secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem, implica que los 6,800 estudiantes extranjeros actuales (27% del total de alumnos) deben transferirse a otras instituciones o perder su estatus migratorio legal.
La medida responde a la negativa de Harvard de cumplir con una solicitud de registros detallados sobre las actividades «ilegales y violentas» de sus estudiantes con visas F-1 y J-1, exigida por el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) en abril de 2025.
Noem acusó a Harvard de fomentar «violencia, antisemitismo y coordinación con el Partido Comunista Chino», señalando que la universidad creó un entorno hostil para estudiantes judíos y permitió actividades antiestadounidenses.
Harvard calificó la acción como «ilegal» y «retaliatoria», afirmando que daña su misión académica y al país, y está preparando una respuesta legal.
Avances y contexto:
Origen del conflicto: La disputa comenzó en abril de 2025, cuando Noem exigió a Harvard entregar registros sobre supuestas actividades ilegales de estudiantes extranjeros, con un plazo hasta el 30 de abril, bajo amenaza de perder la certificación SEVP. Harvard proporcionó información parcial, pero el DHS la consideró insuficiente.
La administración Trump también congeló 2,200 millones de dólares en fondos federales y canceló 2.7 millones en subsidios a Harvard, acusándola de no combatir el antisemitismo tras protestas propalestinas en 2024 y de tener vínculos con China, citando un programa de capacitación con el Cuerpo de Producción y Construcción de Xinjiang en 2024.
Acciones previas: Harvard rechazó una lista de demandas del gobierno, que incluían eliminar programas de diversidad, equidad e inclusión (DEI), auditar la ideología de estudiantes y profesores, y restringir protestas propalestinas.
La universidad, liderada por el presidente Alan Garber, defendió su autonomía y derechos constitucionales, iniciando una demanda contra la administración por los recortes de fondos.
Protestas y reacciones: Estudiantes, profesores y aliados, como la gobernadora de Massachusetts, Maura Healey, han protestado, calificando la medida como un ataque a la libertad académica.
Estudiantes internacionales, como Leo Gerdén de Suecia, describieron la decisión como «devastadora», especialmente para quienes están próximos a graduarse.
Injunction legal: Un juez federal en Oakland emitió una orden preliminar que podría retrasar la aplicación de la medida hasta que se resuelva una demanda sobre la legalidad de la revocación de estatus migratorio de estudiantes.
Costos:
Económicos: Los estudiantes internacionales, que representan el 27% del alumnado (6,800 de 24,596), pagan tasas completas de matrícula (alrededor de 60,000 dólares anuales), ya que no son elegibles para ayuda federal. Su exclusión podría costar a Harvard cientos de millones de dólares, afectando su fondo de 53,000 millones de dólares. Además, los recortes de fondos federales (2,650 millones de dólares) amenazan programas de investigación y ayuda financiera.
Académicos: La pérdida de estudiantes de más de 140 países compromete la diversidad y el prestigio global de Harvard, limitando su capacidad para atraer talento internacional.
Beneficios (según la administración Trump):
Seguridad nacional: La administración argumenta que la medida protege a EE. UU. al evitar que universidades alberguen estudiantes extranjeros vinculados a actividades «antiestadounidenses» o «pro-terroristas».
Presión política: Busca alinear a Harvard y otras universidades con la agenda de Trump, eliminando programas DEI y restringiendo protestas, bajo el argumento de combatir el antisemitismo y la influencia extranjera.
Implicaciones:
Impacto en estudiantes internacionales: Los 6,800 estudiantes con visas F-1 y J-1 enfrentan incertidumbre, con la obligación de transferirse antes del ciclo 2025-2026 o arriesgarse a la deportación. Esto genera caos académico y personal, especialmente para quienes están cerca de graduarse.
Daño a la reputación de EE. UU.: La medida podría disuadir a estudiantes internacionales de elegir universidades estadounidenses, afectando su estatus como centros globales de educación e impactando la economía (los estudiantes internacionales aportan 40,000 millones de dólares anuales a EE. UU.).
Tensiones legales y políticas: Harvard planea una segunda demanda, alegando que la acción es ilegal y viola la libertad académica. La orden judicial en curso podría retrasar la implementación, pero el control republicano en el Senado favorece a Trump. Otros demócratas y universidades, como MIT, apoyan a Harvard, intensificando el conflicto entre el gobierno y la academia.
Efectos regionales: En México, donde Harvard tiene programas académicos y alumnos, la medida podría reducir oportunidades educativas para estudiantes mexicanos, afectando la cooperación bilateral en educación.
Precedente peligroso: La acción contra Harvard, descrita como un “aviso a todas las universidades” por Noem, podría extenderse a otras instituciones que no cumplan con las demandas de la administración, amenazando la autonomía académica en EE. UU.
La prohibición de Trump a Harvard para inscribir estudiantes internacionales, efectiva desde mayo de 2025, es una escalada sin precedentes en su campaña contra universidades consideradas “liberales”.
Justificada como una medida contra el antisemitismo y la seguridad nacional, la acción pone en riesgo la diversidad académica, la estabilidad financiera de Harvard y la atracción de talento global a EE. UU.
La respuesta legal de Harvard y el apoyo de otras instituciones sugieren un conflicto prolongado, con implicaciones para la educación superior y las relaciones internacionales. La situación sigue en desarrollo, pendiente de resoluciones judiciales y negociaciones políticas.
