En América Latina, insertarse en el mundo laboral es un camino cuesta arriba para millones de jóvenes. Más allá de las estadísticas puntuales, el desempleo juvenil representa una etapa de incertidumbre crónica que condiciona el desarrollo personal, económico y profesional de quienes tienen entre 15 y 24 años. Lejos de ser una transición breve hacia la vida adulta, la falta de empleo se ha convertido en un estado prolongado que posterga proyectos de vida, limita la autonomía y debilita el tejido social de la región.
Según los últimos datos de la Organización Internacional del Trabajo (OIT),correspondientes al segundo trimestre de 2024, países como Uruguay (28,1%), Costa Rica (23,3%), Colombia (20,6%) y Chile (20,1%) muestran tasas de desempleo juvenil alarmantes. Sin embargo, las cifras no solo revelan un problema de acceso al trabajo, sino también un fenómeno estructural que refleja desigualdades educativas, económicas y territoriales.
En países donde las tasas parecen más bajas como México (5,9%) y Ecuador (8,9%) también se observa un fenómeno preocupante: la alta participación de jóvenes en trabajos informales o precarios. La informalidad no siempre se refleja como desempleo, pero tampoco representa inclusión real en la economía formal ni acceso a derechos laborales. Muchos jóvenes trabajan sin contratos, sin prestaciones y con ingresos insuficientes para cubrir sus necesidades básicas, lo que perpetúa ciclos de pobreza y vulnerabilidad.
El impacto va más allá del plano económico. La falta de oportunidades laborales dificulta el acceso a una vida independiente, alienta la migración forzada y, en algunos contextos, incluso empuja a los jóvenes hacia actividades ilícitas o redes de explotación. Esta situación afecta de manera especial a mujeres, personas racializadas y jóvenes de sectores rurales o marginados, que enfrentan barreras adicionales para conseguir un empleo digno.
En este contexto, más que hablar únicamente de cifras de desempleo, es necesario entender que América Latina enfrenta una crisis de integración juvenil. Las políticas públicas deben ir más allá de programas de empleo aislados y apuntar hacia una transformación del modelo económico que priorice la inclusión laboral de las nuevas generaciones. Esto incluye promover empleos verdes y digitales, fortalecer la educación técnica, incentivar la contratación juvenil en el sector privado y expandir la protección social para quienes están fuera del sistema formal.
El reto no es solo reducir la tasa de desempleo, sino garantizar que los jóvenes no sean condenados a vivir en la incertidumbre. Devolverles la posibilidad de planear un futuro, de contribuir a sus comunidades y de participar activamente en la economía es clave para construir sociedades más justas, resilientes y sostenibles.
