La situación descrita presenta un claro paralelismo con las implicaciones de la reforma judicial propuesta por el presidente de la República. A continuación, se presenta una versión parafraseada del texto:
Imagínese que, de repente, enfrenta una grave enfermedad que requiere atención médica inmediata. Sabe que su problema está relacionado con el sistema nervioso, ya que ha sido tratado anteriormente, aunque no completamente curado.
Al llegar al hospital, es recibido por un joven y encantador doctor, con una cédula profesional válida, quien le informa que nunca ha tratado a pacientes con enfermedades del sistema nervioso. Sin embargo, le asegura que ha sido promovido para su cargo por el director del hospital y cuenta con el respaldo total del equipo médico. A pesar de su falta de experiencia en el área, el doctor le receta pastillas para la acidez estomacal y una aspirina, deseándole sinceramente una pronta recuperación.
Posteriormente, descubre que este doctor fue designado a su puesto mediante una elección popular. Aunque carece de estudios específicos o experiencia en neurociencia, y sólo cumple con los requisitos básicos de edad y cédula profesional, ahora dirige el área correspondiente en el hospital.
Este ejemplo ilustra lo que enfrentaremos si se aprueba la reforma judicial propuesta por el presidente Andrés Manuel López Obrador, la cual pretende que los jueces sean elegidos por voto popular sin filtros adecuados para garantizar su competencia técnica y experiencia. Imponer justicia requiere más que buena voluntad o sueños; requiere conocimiento profundo del orden jurídico vigente.
Actualmente, un abogado que aspira a convertirse en juez debe pasar por un largo proceso de formación y experiencia, que incluye años de práctica judicial y rigurosos exámenes. Sin embargo, con la reforma propuesta, es posible que se elijan jueces basados en campañas publicitarias y conexiones políticas, en lugar de en mérito profesional, lo que podría llevar a situaciones donde se asignen responsabilidades a personas sin la preparación necesaria.
El Poder Ejecutivo Federal, en un acto que parece más revanchista que reformista, busca desmantelar al Poder Judicial de la Federación a través de esta reforma, que en realidad modifica cómo se eligen los jueces, magistrados y ministros. Se corre el riesgo de que el poder judicial pierda su independencia y se someta a intereses políticos del régimen actual.
A pesar de la aparente legitimidad que esta reforma podría tener, basada en el apoyo popular a la “Cuarta Transformación”, es crucial que la sociedad civil se informe a fondo sobre el impacto de estos cambios. La comprensión pública sobre la impartición de justicia y las diferencias entre las distintas áreas del derecho es esencial para evitar que decisiones mal informadas lleven a la degradación del sistema judicial.
La necesidad de reformar el Poder Judicial de la Federación es reconocida por jueces, académicos y abogados. Sin embargo, cualquier reforma debe fortalecer la independencia judicial, no debilitarla. La sociedad debe actuar con urgencia para proteger el Estado de Derecho y asegurar que el sistema judicial funcione con la integridad y el profesionalismo necesarios para garantizar la justicia.