Solo falta que se publique en el Diario Oficial de la Federación para que entre en vigor; la oposición no se presentó.
Este viernes, el Congreso aprobó la reforma al Poder Judicial propuesta por el Gobierno de Andrés Manuel López Obrador, la cual promueve la elección de jueces mediante voto popular. Ahora, solo falta su publicación en el Diario Oficial de la Federación (DOF) para que entre en vigor.
La declaración de constitucionalidad se realizó primero en el Senado mexicano y luego en la Cámara de Diputados, en ambos casos en cuestión de minutos, gracias al respaldo de las ‘supermayorías’ oficialistas en ambas cámaras y al apoyo de 23 legislaturas locales de las 32 entidades federativas.
Gerardo Fernández Noroña, presidente de la Mesa Directiva del Senado, anunció: “Conforme al artículo 135 constitucional y tras contar con los 23 votos aprobatorios de las legislaturas estatales, la Cámara de Senadores declara aprobado el decreto que reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones de la Constitución mexicana en materia del Poder Judicial.”
Por su parte, Sergio Gutiérrez Luna, presidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados, se expresó en términos similares.
Ambos procedimientos se llevaron a cabo sin la presencia de la oposición, que ha criticado la reforma al considerarla un retroceso para la democracia, la independencia judicial, y el equilibrio de Poderes, así como una posible intromisión de “grupos de interés”. Los líderes parlamentarios de los partidos opositores—Acción Nacional (PAN), Revolucionario Institucional (PRI), y Movimiento Ciudadano (MC)—denunciaron que la declaración de constitucionalidad es una “fiesta” exclusiva del oficialismo y un “consumado atraco a la nación”.
Este acto se produce en paralelo a los esfuerzos de trabajadores del Poder Judicial de la Federación (PJF) y al menos 1,200 jueces en todo el país que buscan detener la reforma mediante apelaciones ante instancias nacionales e internacionales.
Organismos multilaterales, como las Naciones Unidas y la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), así como entidades empresariales como la International Chamber of Commerce (ICC) y agencias calificadoras como Fitch y Moody’s, junto con el Gobierno de Estados Unidos, han advertido sobre las posibles repercusiones de esta reforma para México. Estas advertencias incluyen posibles paneles y arbitrajes en el marco de tratados comerciales como el TMEC.
Este viernes, un juez en Colima emitió una suspensión para detener la promulgación de la reforma en el Diario Oficial de la Federación (DOF). No obstante, el presidente Andrés Manuel López Obrador, principal promotor de la reforma, ha anunciado que la oficialización se llevará a cabo el próximo domingo 15 de septiembre, coincidiendo con la celebración del Día de la Independencia en México.
La senadora Ernestina Godoy, futura consejera jurídica en el Gobierno de Claudia Sheinbaum, declaró que el amparo es improcedente, argumentando que “contra reformas constitucionales no proceden impugnaciones”.
Hasta el momento, la reforma judicial ha recibido más de los 17 votos necesarios de legislaturas locales para ser considerada constitucional y enviada al Ejecutivo para su oficialización y entrada en vigor.
Las legislaturas que ya han aprobado la reforma son las de los estados de Baja California, Baja California Sur, Campeche, Colima, Durango, Guerrero, Hidalgo, Estado de México, Morelos, Nayarit, Oaxaca, Puebla, Quintana Roo, San Luis Potosí, Sinaloa, Sonora, Tabasco, Tamaulipas, Tlaxcala, Veracruz, Yucatán, Zacatecas, y la Ciudad de México.
Por otro lado, la reforma ha sido rechazada en los congresos locales de Jalisco y Querétaro.
Con la declaración de constitucionalidad realizada por la Cámara de Diputados, el siguiente paso es que el presidente López Obrador proceda con la publicación oficial de la reforma, la cual entrará en vigor posteriormente.