La presidenta Claudia Sheinbaum presentó este martes su plan nacional de seguridad, centrado en “abordar las causas de la violencia” y prometiendo que no se repetirá “una guerra contra el narcotráfico”, en un contexto donde se registraron más de 190,000 asesinatos durante la administración anterior.
“No habrá regreso a la ‘guerra contra el narco’ de (Felipe) Calderón (2006-2012). No buscamos ejecuciones extrajudiciales como en el pasado. Nuestra estrategia se basa en la prevención, atención a las causas, inteligencia y presencia”, afirmó Sheinbaum en su conferencia matutina.
El sexenio de Andrés Manuel López Obrador (2018-2024) superó el récord de homicidios, con una tasa de 26.6 asesinatos por cada 100,000 habitantes desde enero de 2018 hasta septiembre de 2024. Sheinbaum se comprometió a “fortalecer” la política de López Obrador enfocada en abordar las causas de la violencia mediante programas sociales, especialmente dirigidos a jóvenes.
La estrategia de seguridad se basa en cuatro ejes, según el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch: atender las causas de la violencia, consolidar la Guardia Nacional, emplear inteligencia contra el crimen y coordinar esfuerzos entre autoridades.
García Harfuch destacó que se priorizará la atención a familias vulnerables, buscando reducir la pobreza y la desigualdad, y creando oportunidades para mejorar la calidad de vida de los jóvenes, con el fin de alejarlos de la delincuencia.
La Guardia Nacional, que cuenta con 133,000 elementos y fue creada por López Obrador como un cuerpo civil, ahora forma parte del Ejército, lo que ha generado controversia, especialmente tras la masacre de seis migrantes en un operativo militar.
García Harfuch defendió que “no hay militarización”, sino un aprovechamiento de las capacidades de la Secretaría de la Defensa Nacional para fortalecer la Guardia Nacional.
Además, se anunció la creación de la Subsecretaría de Inteligencia e Investigación Policial y una reforma para establecer un Sistema Nacional de Inteligencia, con el objetivo de lograr una “coordinación absoluta” entre las instituciones de seguridad.
Los tres objetivos principales del Gobierno son reducir la incidencia delictiva, especialmente homicidios y delitos de alto impacto, neutralizar generadores de violencia y fortalecer las capacidades de prevención de las policías.