El Senado aprobó el jueves las leyes secundarias de la reforma judicial, propuestas por la presidenta Claudia Sheinbaum, que establecerán las reglas y procesos para la primera elección popular del Poder Judicial, programada para el 1 de junio de 2025.
Con 81 votos a favor y 40 en contra, los legisladores dieron luz verde a las iniciativas que regulan la selección de candidatos, las campañas y la votación de jueces, magistrados y ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).
Ahora, la propuesta debe ser debatida en la Cámara de Diputados, donde Morena y sus aliados tienen una mayoría significativa.
El dictamen modifica 69 artículos de dos leyes reglamentarias: la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales y la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral.
El lunes, Sheinbaum envió la propuesta al Legislativo tras la promulgación el 15 de septiembre de la reforma constitucional que establece elecciones populares para elegir a todos los jueces. Sin embargo, era necesario contar con leyes secundarias para definir el proceso y la selección de candidatos.
La iniciativa establece que habrá una elección extraordinaria el 1 de junio de 2025 para elegir al 50% de los jueces y magistrados federales, algunos jueces estatales, las vacantes del Tribunal Electoral, todos los ministros de la Suprema Corte y todos los miembros del nuevo Tribunal de Disciplina Judicial.
El Senado emitirá una convocatoria antes del 16 de octubre para que cada poder (Ejecutivo, Legislativo y Judicial) instale un comité de evaluación el 31 de octubre, compuesto por cinco personas de “reconocido prestigio jurídico”, que definirá a los candidatos mediante procesos “abiertos y transparentes” con paridad de género.
En enero de 2025, los comités de cada poder enviarán una lista de 10 finalistas para las vacantes de la Suprema Corte, el Tribunal Electoral y el Tribunal de Disciplina Judicial, así como seis para cada juzgado y tribunal colegiado.
Finalmente, en febrero se aprobarán los listados finales de cada poder, que incluirán tres candidatos de cada comité para los tribunales superiores y dos para cada vacante de jueces y magistrados de tribunales colegiados y de circuito.
La discusión en el Senado se prolongó por más de ocho horas, con intervenciones de la oposición que expresaron su desacuerdo con la reforma judicial aprobada en septiembre, y apoyos por parte de la mayoría oficialista de Morena.
La senadora Guadalupe Murguía Gutiérrez, del PAN, solicitó una “moción suspensiva” argumentando que la reforma contiene “contradicciones y errores” y que desconoce el texto constitucional que pretende regular. Por su parte, la senadora Paloma Sánchez, del PRI, advirtió que con esta reforma “no habrá espacio para la disidencia” y que un juez que no se ajuste a los deseos del sistema podría ser procesado por el tribunal de disciplina judicial.
Sin embargo, el presidente del Senado, Gerardo Fernández Noroña, de Morena, instó a los legisladores a centrarse en la discusión de las leyes secundarias.