La reducción de la jornada laboral disparará 36 por ciento el costo laboral de las micro, pequeñas y medianas empresas en México, conocidas como mipymes, alertó el Centro de Estudios Económicos del Sector Privado (CEESP).
“Limitar la semana laboral a 40 horas puede tener implicaciones importantes para las empresas, especialmente para las micro, pequeñas y medianas (MiPyMEs)”, afirmó el órgano asesor del Consejo Coordinador Empresarial (CCE).
El CEESP consideró que en los últimos años, las micro, pequeñas y medianas han sido afectadas significativamente en su competitividad por aumentos en los costos laborales.
“Si una empresa en la que los empleados trabajan 48 horas por semana decidiera continuar al mismo ritmo de trabajo pagando horas extras para conservarlo, enfrentaría un aumento del costo laboral que podría llegar a 36 por ciento, y sería muy superior si el número de horas extras es mayor”, detalló.
Actualmente, del total de trabajadores remunerados no agrícolas y con prestaciones sociales, cerca del 60 por ciento trabajan más de 40 horas a la semana, lo que a primera vista refleja lo costoso que sería para las empresas formales hacer frente a este cambio en la jornada laboral, recordó.
El organismo advirtió que si la ley se aprueba, las empresas tendrán que ajustarse a ello, ya que tendrán que decidir cuáles serían las mejores opciones, como podrían ser el pagar horas extras, utilizar otros contratos para sustituir los actuales o simplemente llevar a cabo nuevas contrataciones.
“El impacto será considerable sobre la sostenibilidad de las empresas si se quiere mantener su ritmo actual de actividad”, mencionó.
“El efecto sería una reducción de sus actividades. A nivel agregado, se afectaría la actividad económica y probablemente se generaría un exceso de demanda en los mercados; en todo caso, sería una incidencia negativa sobre el crecimiento económico y el empleo”, expresó el CEESP.
Agregó que la magnitud del impacto según la decisión de las empresas puede ser variado, pero el hecho es que la mayor afectación sería sobre el costo de contratación del trabajador.
Para el CEESP, preocupan los efectos de la reducción de la semana laboral, las empresas enfrentan otros factores incidieron en sus costos laborales como los aumentos de los salarios mínimos, las mayores contribuciones por la reforma de pensiones del 2021 y las vacaciones adicionales legisladas hace dos años.
“Un ambiente como este solo estimula la informalidad y hace a la economía menos productiva y competitiva, además de que las empresas privadas no están en contra de mejorar las condiciones laborales.
La productividad permanece estancada desde hace varios años y la competitividad general del país no está mejorando, las empresas, que son las principales generadoras de empleo, enfrentan un entorno en donde persisten elevados niveles de corrupción, inseguridad, violencia, así como sistemas de educación y salud deteriorados, detalló.
Con la desaparición de los organismos autónomos que garantizaban un ambiente de mayor transparencia y regulación pro-competencia, son factores indispensables que de no mejorar no será posible reducir los costos de operación de las empresas ni mejorar su eficiencia, expuso.
“La realidad es que, en la situación actual, las empresas se ven forzadas a reducir sus operaciones y sus costos sacrificando empleo. Esto se refleja ya en el empleo formal y significa problemas en el bienestar de los hogares”.
Las cifras más recientes del IMSS señalan que en abril el universo de patrones registrados se redujo en 26 mil 420 respecto al mismo mes del año pasado con su consecuente impacto en el total de trabajadores registrados.
El gobierno no genera empleos, pero sí tiene la obligación de propiciar un ambiente que le permita a las empresas tener la capacidad de crear el mayor número de puestos de trabajo de la mayor calidad posible, aseguró el CEESP.
“Esta es la mejor manera de fortalecer la situación de los hogares y eliminar la pobreza de forma permanente, más allá de programas asistenciales que pueden limitar el incentivo de las personas a ser productivas”, acotó.
La desaceleración económica y creciente incertidumbre comercial y jurídica, es probable que el impacto negativo en el empleo y el bienestar de los hogares sea aún mayor, expuso el CEESP.
