El presidente Andrés Manuel López Obrador está fortaleciendo su plan para revitalizar el servicio de trenes de pasajeros al buscar transformar inicialmente un decreto en una reforma constitucional.
Esta medida tiene como fin permitir al Estado recuperar el control de las vías ferroviarias para ofrecer transporte de pasajeros, reorientando los 18,000 kilómetros de vías actualmente concesionadas a empresas privadas para el transporte de carga.
La propuesta del Ejecutivo Federal incluye la adición del Artículo 28 a la Constitución de la figura de «asignación» a empresas públicas o concesiones a particulares que ya cuenten con concesiones para brindar el transporte ferroviario de carga, como Grupo México o Canadian Pacific Kansas City (CPKC).
“Se establece la facultad del Ejecutivo federal para otorgar asignaciones a empresas públicas o concesiones a particulares relativo al servicio público de pasajeros y plantea que los particulares que ya cuenten con concesiones para prestar el servicio de transporte ferroviario de carga puedan participar o en su caso otorguen preferencia a este”, dice la propuesta de reforma.
La noción de títulos de «asignación» no es ajena a este periodo gubernamental, ya que, como ejemplo, el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles también ha sido asignado a las Fuerzas Armadas a través de esta modalidad.
El 20 de noviembre del año pasado, en la edición matutina del Diario Oficial de la Federación, se publicó el decreto que instaba a los concesionarios actuales del transporte de carga a presentar propuestas para incorporar el transporte de pasajeros a sus actividades diarias.
Según, tanto Grupo México como CPKC presentaron dichas propuestas. Según el gobierno de México, se recibieron un total de cinco propuestas.
A pesar de que, con el decreto, las empresas tenían la posibilidad de impugnarlo para salvaguardar sus operaciones habituales, argumentando una violación constitucional de igualdad ante la ley; la aprobación de la reforma constitucional prácticamente anularía esta opción.
Para lograr la aprobación de esta reforma constitucional, el presidente requiere el respaldo de dos terceras partes del Congreso, pero actualmente no cuenta con los votos necesarios. En la Cámara de Diputados, Morena y sus partidos aliados suman 273 votos de los 334 necesarios para alcanzar la mayoría calificada. En el Senado cuentan con 71 votos de los 84 necesarios. En ambos casos, estos números pueden variar, dependiendo de la asistencia en las sesiones en las que se voten las reformas.