Si bien, las modificaciones Constitucionales relativas al sector energético no cierran la puerta a la inversión privada en el país, será una legislación secundaria la que determine cómo interactuarán los inversionistas con las empresas públicas, lo cual puede derivar en incertidumbres que ahuyenten las inversiones, sumado a que, de nueva cuenta, parece contradecirse el tratado comercial que tiene México con América del Norte.
Así lo consideró la analista del sector energético, que fuera titular de la Dirección de Hidrocarburos en el sexenio pasado, Rosanety Barrios, para quien el mayor riesgo radica en que no existen proposiciones alternativas al modelo que se eliminaría en caso de aprobarse las reformas que van ligadas entre sí.
Según las iniciativas de reformas a distintos Artículos Constitucionales que envió al Congreso el presidente Andrés Manuel López Obrador este lunes 5 de febrero, Petróleos Mexicanos (Pemex) y la Comisión Federal de Electricidad (CFE) no tendrán carácter de empresas productivas sino públicas, y tendrán mayor participación de mercado que cualquier otro jugador del sector. Desaparecerán los reguladores: las comisiones Reguladora de Energía (CRE) y Nacional de Hidrocarburos (CNH) –cuyas funciones realizará la Secretaría de Energía– y también la Federal de Competencia Económica (Cofece) –para que la Secretaría de Economía se haga cargo de la regulación de mercados. Por último, se prohíbe la práctica de fracking desde la Constitución, para privilegiar el uso humano del agua.
No corren a los inversionistas, pero no hay ninguna guía hacia el modelo que se quiere adoptar en las leyes secundarias y ¿qué más da el número? Puede ser un porcentaje de participación, cualquier ocurrencia y ya vimos que no funciona”, dijo la analista a El Economista.
Rosanety Barrios explicó que será una legislación secundaria la que determine cómo interactuarán los inversionistas con las empresas públicas, lo cual puede derivar en incertidumbres que ahuyenten las inversiones. Será una legislación secundaria la que determine cómo interactuarán los inversionistas con las empresas públicas, lo cual puede derivar en incertidumbres que ahuyenten las inversiones, porque, por otra parte, la candidata que éste apoya, Claudia Sheinbaum, habla de atracción de capitales y aprovechamiento de la relocalización de inversiones desde China hacia México y no a Estados Unidos, o nearshoring, y por otro se publican todas estas propuestas que buscan consolidar el poder del Estado sobre el capital privado y la competencia.
Se viola el T-MEC
Y es que México forma parte del Tratado de Libre Comercio con América del Norte desde hace 30 años; en la presente administración se ratificó tal situación y aunque no prosperen en el Congreso los cambios constitucionales y legales que pide el Ejecutivo, se viola el Tratado, aseguró la especialista.
“Al firmar, el Ejecutivo reiteró que la apertura para el crecimiento como bloque de la región tendría como piso el libre comercio existente el día de la firma, tal vez más, pero nunca menos”, dijo, “tenemos entonces a los dos países en paneles de discusión para determinar si se llega o no a un juicio internacional por falta de cumplimiento de México a su compromiso”.