Por Dra. Elizabeth Lizeth Mayer Granados
El cambio climático, considerado la principal amenaza ambiental, subraya la importancia de alcanzar el objetivo del Acuerdo de París, que busca limitar el aumento a 2 °C en la temperatura promedio global como máximo, para evitar consecuencias catastróficas en nuestro planeta.
Surge así la necesidad imperativa de reducir las emisiones de gases de efecto invernadero a nivel mundial.
En este contexto, diversas entidades, como el Fondo Monetario Internacional (FMI), organizaciones ecológicas y economistas, coinciden en que los impuestos ambientales son una herramienta clave en esta lucha.
Los tributos medioambientales, también conocidos como tasas ecológicas o ecotributos, se presentan como herramientas económicas y de mercado con el propósito de internalizar los costos ambientales negativos, vinculados a la producción o utilización de bienes.
Estos mecanismos buscan influir en el comportamiento de consumidores y productores, desincentivando el consumo de productos o prácticas que impactan adversamente en el medio ambiente.
Al mismo tiempo, generan ingresos para el gobierno, permitiendo canalizar dichos recursos hacia mejoras ambientales. El índice evalúa la proporción de impuestos ambientales, expresada como un porcentaje, en relación con la recaudación tributaria total de México.
En este sentido, SEMARNAT destaca cuatro impuestos verdes importantes en nuestro país: ISAN, Impuesto por Tenencia de Automóviles (el impuesto por tenencia fue transferido a las Entidades Federativas en 2012 y muchas de ellas lo sustituyeron o abolieron definitivamente hacia 2013), Plaguicidas y Carbono, e IEPS a gasolinas y diésel. Según SEMARNAT, este impuesto es un gravamen que busca internalizar los costos ambientales negativos de la producción o uso de bienes que pueden dañar el medio ambiente
De acuerdo con la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), una regulación ambiental efectiva debe seguir principios como dirigir los impuestos a la actividad causante del perjuicio, cubrir todo el daño, establecer tasas proporcionales al daño medioambiental causado, ser creíbles y predecibles, y explicar la imposición ambiental a la opinión pública.
Los impuestos ambientales deben dirigirse a la actividad que causa el perjuicio, con mínimas excepciones.
Asimismo, los ingresos procedentes de la reforma fiscal medioambiental pueden servir como ingresos adicionales o para reducir otros impuestos.
Además, la OCDE sugiere que los posibles problemas de competitividad deben ser tenidos en cuenta para plantear la posibilidad de coordinar políticas o establecer períodos transitorios a la aplicación de la reforma. También exhorta buscar el momento oportuno para su aplicación, y menciona que la asignación debe ser gradual según corresponda.
Y, por último, refiere que los impuestos medioambientales no son suficientes para solucionar un determinado problema y deben ser utilizados en coordinación con otros instrumentos de política ambiental.
En las últimas décadas, las reformas fiscales verdes, particularmente en países desarrollados, se han considerado instrumentos de política ambiental. Estas reformas buscan eficiencia fiscal mediante la recaudación a través de impuestos ambientales, también conocidos como impuestos verdes, que son tasas ecológicas. Además, persiguen eficiencia ambiental al destinar los recursos recaudados a acciones para reducir las emisiones de CO2.
En México, veintiséis entidades federativas contemplan impuestos verdes en su Ley de Ingresos Estatal (LIE), pero solo trece perciben ingresos por este concepto. En Tamaulipas, a pesar de la existencia del rubro de impuestos verdes en su LIE, la recaudación no se había implementado debido a amparos del sector industrial.
Sin embargo, con el paquete económico del 2024, el impuesto verde entró en vigor en Tamaulipas el 01 de enero, generando incertidumbre sobre si se aplica solo a empresas altamente contaminantes o a la industria en general, incluyendo el sector hotelero y algunas plataformas digitales.
Aunque estas medidas buscan reducir las emisiones, también podrían tener un impacto negativo en el desarrollo económico.
En el caso de Tamaulipas, es crucial analizar los efectos distributivos y el impacto ambiental de la reforma fiscal verde.
Preguntas sobre qué cambios en el bienestar provocados por una reforma fiscal verde se espera lograr en concreto; al ser un impuesto que no está etiquetado, cómo y en qué se va a ejercer dicho recursos económico; explicar si habrá una auditoría ecológica; cuáles serán las normas de responsabilidad civil; si se llevará a cabo una contabilidad medioambiental; cada cuánto presentarán informes sobre la recaudación y el ejercicio de la misma, así como el efecto en la mejora medioambiental de la zona; ¿este impuesto se dirigirá únicamente a las empresas que efectivamente son consideradas como altamente contaminantes?; ¿los ingresos procedentes de la reforma fiscal medioambiental permitirán reducir otros impuestos?; ¿se están considerando su efecto en la eficiencia y competitividad de las empresas?; tomando en cuenta la pasada crisis económica, ¿realmente este es un buen momento para que se imponga este impuesto a las empresas tamaulipecas?
Es decir, es preciso conocer sus efectos distributivos y de impacto en la calidad del medio ambiente de Tamaulipas. Si no se deja en claro esta información, queda como un mínimo esfuerzo que se justifica más por motivos recaudatorios que por una verdadera preocupación medioambiental.