Después de la agresión a los residentes de Xochimilco y la detención de cinco personas ocurrida ayer en esa área, el jefe de gobierno de la Ciudad de México, Martí Batres, declaró que se llevará a cabo una reconstrucción de los hechos para determinar las responsabilidades de cualquier funcionario o empleado que pudiera estar involucrado.
Durante su participación en la conferencia matutina del presidente Andrés Manuel López Obrador, y en respuesta a las preguntas sobre el incidente en Xochimilco, Batres subrayó que los conflictos sociales deben ser abordados mediante el diálogo y expresó su rechazo a la judicialización de estos problemas.
Batres aseguró que se proporcionará información sobre el asunto una vez que esté disponible. Ante esto, el presidente López Obrador preguntó si la información estaría lista hoy mismo. El jefe de Gobierno confirmó que se darán más detalles hoy mismo sobre los ataques a vecinos y activistas del pueblo de San Gregorio Atlapulco.
“Vamos a solicitar a los compañeros de la Secretaría de Gobierno y de otras áreas del gobierno de la ciudad que realicen una reconstrucción exhaustiva de los hechos”, indicó Batres.
En respuesta a una pregunta sobre posibles sanciones para funcionarios y policías involucrados, Batres señaló: “Las sanciones dependerán de lo que revele la reconstrucción de los hechos, que será muy minuciosa. Hay materiales disponibles para analizar lo sucedido minuto a minuto y así deslindar las responsabilidades correspondientes. Estamos en contra de resolver problemas con violencia y de judicializar los conflictos sociales”.
Batres mencionó que durante la reunión del gabinete de seguridad, que coincidió con la mañanera y fue encabezada por el secretario de Gobierno, Ricardo Ruiz, se estaba evaluando la situación. El jefe de Gobierno comentó que anoche habló con Ruiz, el fiscal de la Ciudad de México, Ulises Lara, y autoridades de la alcaldía, expresando su opinión sobre el conflicto.
Aclaró que no deseaba ofrecer una lectura política del conflicto en este momento para evitar especulaciones. Sin embargo, insistió en que se proporcionarán más detalles hoy mismo.
“Reitero que no estamos de acuerdo con la violencia, ni con el uso de la fuerza, ni con la judicialización de conflictos sociales”, afirmó.
Respecto a la posible apertura de carpetas de investigación contra activistas, como en el caso de la denuncia contra la activista Hortensia Telésforo Jiménez por la recuperación de la Casa del Pueblo Tlamachtiloyan, Batres declaró: “Mi opinión es que no se debe judicializar el conflicto. Aunque la fiscalía local tiene autonomía y su propia estructura administrativa, participa en el gabinete de seguridad donde damos nuestra opinión. Anoche le expresé al fiscal mi postura clara: no se debe judicializar un conflicto social y debe resolverse mediante el diálogo”.