El presidente Andrés Manuel López Obrador no logró cumplir su promesa de alcanzar un crecimiento económico del 6%, y dejará una economía debilitada junto con un ambiente político deteriorado, según el Centro de Estudios Económicos del Sector Privado (CEESP).
El CEESP, órgano asesor del Consejo Coordinador Empresarial (CCE), indicó que en lugar del prometido crecimiento del 6% al final del sexenio y un promedio anual del 4%, México concluye con una economía en declive, un ambiente político gravemente deteriorado, alta incertidumbre y expectativas pesimistas a corto y mediano plazo.
El instituto de investigación señaló que México enfrenta un debilitamiento del estado de derecho, altos niveles de corrupción, inseguridad, criminalidad e impunidad, lo que incrementa los costos empresariales. Para el primer año del próximo gobierno, se prevé un crecimiento económico de solo 1.5%, con una proyección de 2% para 2026, sin anticipar una recuperación significativa. Esta tasa promedio anual de 2% se mantendría en la próxima década.
El CEESP advirtió que el nuevo gobierno tendrá que esforzarse en crear un ambiente propicio para la actividad económica, especialmente ante la reciente aprobación de la Reforma Judicial, la cual muchos especialistas y gobiernos extranjeros consideran un potencial obstáculo económico.
El dinamismo de la inversión, crucial para la economía, está en declive debido a la creciente incertidumbre política, lo que afecta la competitividad y limita la creación de empleos de calidad. Las mipymes enfrentan costos laborales altos y tasas de interés elevadas que encarecen el capital de trabajo, reduciendo su capacidad de inversión.
El próximo gobierno enfrentará importantes desafíos, especialmente con la reciente Reforma Judicial y la posible futura desaparición de organismos autónomos como el INAI, CRE y Coneval. Estos organismos no solo servían como contrapesos, sino que también eran responsables de establecer políticas económicas adecuadas para un entorno de negocios favorable.
La falta de un sistema judicial independiente y eficiente podría perjudicar la confianza de los inversionistas. El CEESP enfatizó la necesidad de un estado de derecho sólido que garantice la estabilidad y equidad en la regulación, resolución de conflictos y desarrollo económico.
Además, el riesgo de sostenibilidad de las finanzas públicas sigue siendo una preocupación debido a ingresos débiles y gastos crecientes. Se espera que el nuevo gobierno reduzca significativamente el déficit público, casi tres puntos del PIB, lo que implicará una reducción intensiva del gasto público.