Redacción
La reforma al Poder Judicial en México, aprobada en 2024, ha generado preocupación entre inversionistas nacionales debido a la incertidumbre sobre la independencia judicial y la seguridad jurídica.
La elección popular de jueces, magistrados y ministros, que comenzará en junio de 2025, es vista como un riesgo para la imparcialidad y profesionalización del sistema judicial, lo que podría afectar la confianza en las instituciones.
El Banco de México ha señalado que esta incertidumbre puede frenar inversiones, ya que los empresarios requieren un entorno con certeza jurídica y un Estado de Derecho sólido.
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Analistas como los de Moody’s y Citibanamex advierten que la reforma podría incrementar la prima de riesgo país, limitar la inversión privada y reducir el crecimiento económico, con proyecciones de PIB para 2025 ajustadas a la baja (de 1.5% a 1.2%).
Además, la reforma ha sido criticada por posibles violaciones al T-MEC, lo que podría tensionar relaciones comerciales con EE. UU. y Canadá, afectando el nearshoring.
Organizaciones como Coparmex y el IMEF han expresado que la politización del Poder Judicial podría mermar la estabilidad económica y desincentivar la inversión extranjera directa.
Por otro lado, la presidenta Claudia Sheinbaum asegura que la reforma fortalecerá el Estado de Derecho al combatir la corrupción y el nepotismo, garantizando la seguridad de las inversiones. Sin embargo, el 41% de las empresas en México han pausado inversiones para 2025 debido a la desconfianza en el sistema jurídico, según KPMG.
En resumen, aunque el gobierno defiende la reforma como un avance, los inversionistas nacionales están nerviosos por la incertidumbre jurídica y los riesgos económicos, lo que podría limitar el crecimiento y la llegada de capitales.
