La incertidumbre persiste, y los proveedores enfrentan un riesgo inminente de colapso operativo, lo que podría comprometer aún más la producción de Pemex y la estabilidad económica de México.
Redacción
La crisis de los proveedores de Petróleos Mexicanos (Pemex) en 2025 se debe principalmente a los adeudos millonarios de la empresa, que han generado una situación crítica para las empresas contratistas, especialmente las pequeñas y medianas (PyMEs), y han impactado negativamente la economía de regiones petroleras como Campeche, Tabasco y Veracruz.
A continuación, conoce los puntos clave respaldados por información reciente:
Magnitud de la deuda: Al cierre del primer trimestre de 2025, Pemex reportó una deuda con proveedores de 404 mil millones de pesos (aproximadamente 19,904 millones de dólares), una reducción del 20% respecto a los 506 mil millones de pesos al cierre de 2024.
Sin embargo, se estima que la deuda real podría superar los 500 mil millones de pesos, ya que muchos trabajos realizados no han sido facturados debido a problemas administrativos, como el bloqueo del sistema de Codificación de Pagos y Descuentos (COPADE).
Impacto en los proveedores: La falta de pagos ha llevado a la quiebra de decenas de contratistas, despidos masivos (al menos 5,000 trabajadores desde mediados de 2024) y el cese de operaciones de empresas clave.
Por ejemplo, compañías como Marinsa y Protexa han detenido actividades, mientras que grandes transnacionales como Halliburton y Baker Hughes resisten gracias a su respaldo financiero, pero las PyMEs enfrentan graves problemas de liquidez.
Caída en la producción: La crisis de pagos ha contribuido a una reducción significativa en la producción de Pemex, que en el primer trimestre de 2025 cayó a 1.6 millones de barriles diarios de hidrocarburos líquidos, un 11.3% menos que en 2024.
Esto se debe a la declinación de campos maduros, retrasos en la terminación de pozos y la suspensión de servicios críticos por parte de proveedores no pagados.
Acciones legales y protestas: Los proveedores, agrupados en organizaciones como la Asociación Mexicana de Empresas de Servicios Petroleros (AMESPAC), han advertido que la falta de pagos podría paralizar operaciones a partir de julio de 2025.
Se han anunciado acciones legales y manifestaciones en Tabasco y Ciudad de México, además de solicitudes para mesas de trabajo con el gobierno y Pemex para resolver los adeudos históricos y garantizar pagos puntuales.
Respuesta del gobierno: La administración de Claudia Sheinbaum ha prometido abordar la crisis, priorizando pagos a PyMEs.
En marzo y abril de 2025, se pagaron 6,400 millones de dólares (aproximadamente 25.6% de la deuda), pero esto no ha sido suficiente para aliviar la situación, ya que 7 de cada 10 proveedores siguen sin recibir pagos.
También se ha mencionado un esquema de factoraje financiero con bancos para cubrir parte de los adeudos, pero los proveedores lo consideran una solución temporal.
Impacto regional: La crisis ha golpeado especialmente a estados petroleros. En Campeche, Tabasco y Veracruz, el impago ha provocado cierres de empresas, pérdida de empleos y estancamiento económico.
Por ejemplo, en Ciudad del Carmen, la no reubicación de las oficinas centrales de Pemex, como se prometió, ha agravado la situación económica local.
Problemas estructurales: La crisis no es reciente; comenzó a gestarse en administraciones anteriores (Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto) y se ha agravado por la ineficiencia operativa, la falta de inversión en exploración y extracción (el presupuesto se redujo un 66% en 2025), y decisiones administrativas que han obstaculizado la facturación.
Además, la depreciación del peso y el aumento de costos operativos han complicado las finanzas de Pemex.
La crisis de los proveedores de Pemex en 2025 refleja una combinación de problemas financieros crónicos, mala gestión y falta de liquidez, que han generado un impacto devastador en la cadena productiva y la economía de regiones dependientes del sector petrolero.
Aunque el gobierno ha realizado pagos parciales y promete soluciones, la magnitud de la deuda y los problemas operativos sugieren que la situación podría empeorar si no se implementan reformas estructurales y un plan de pago efectivo.
